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La actividad judicial volverá en el nuevo año a condicionar en gran medida la actualidad del país. Los grandes casos de corrupción política e institucional que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez coparán portadas y abrirán con total probabilidad informativos televisivos y radiofónicos en 2025. En la actualidad, se encuentran imputados personalidades como el ex ministro de Transportes y ex secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la esposa del presidente del Ejecutivo, Begoña Gómez. La lista de cargos próximos al Gobierno que pueden acabar siendo investigados por los tribunales puede, sin embargo, aumentar a lo largo de los próximos 12 meses.
De entre todos estos procedimientos de alto voltaje para el Gobierno progresista, los delitos más graves se enmarcan en el denominado caso Koldo, que se instruye tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional. El que fuera hombre de la máxima confianza del presidente Sánchez, Ábalos, está siendo investigado por la Sala Segunda del Alto Tribunal por la presunta comisión de delitos integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación de caudales públicos.
El pasado 18 de diciembre el instructor de esta causa en el Supremo, el magistrado de sensibilidad progresista Leopoldo Puente, acordó solicitar el suplicatorio al Congreso de los Diputados para el ex ministro. Lo hizo después de tomarle declaración al ex dirigente socialista y al considerar que existen "indicios cualificados" de la posible participación de Ábalos en la trama de corrupción. El juez afirmó que "existen elementos bastantes" para considerar que José Luis Ábalos, "prevaliéndose de su condición de ministro", y "a cambio de determinados beneficios económicos que obtuvo por ello para sí", determinó "la adjudicación de varios contratos de la administración pública o del sector público institucional con empresas privadas, en el marco de la situación de emergencia determinada por la pandemia del Covid-19, en particular relativos a la adquisición, por vía de urgencia y emergencia, de material sanitario, mascarillas, trajes especiales y laboratorios para identificar vestigios de la enfermedad".
Por su parte, la Comisión del Estatuto del Diputado ha decidido por unanimidad citar al actual diputado del Grupo Mixto el próximo 13 de enero para que presente las alegaciones que considere oportunas sobre el suplicatorio remitido por el TS.
Pieza también clave de este presunto entramado corrupto es Koldo García, ex asesor del ministro y quien ha decidido alinearse con Ábalos en una estrategia de defensa que pasa por negar en ocasiones hasta las más clamorosas evidencias. Su comparecencia en el Supremo, negando la comisión de cualquier ilegalidad, gozó de poca credibilidad ya que fue entendida como una "huida hacia delante" por parte de los investigadores. No obstante, de las palabras de Koldo sorprendió la protección desplegada sobre el ex ministro de Transportes, lo que conduce a pensar que hay un pacto de no agresión entre ambos. Además, se da una circunstancia no menor de cara a establecer un pacto de no agresión y es que en este procedimiento -en concreto, en la causa que se sigue en la Audiencia- se encuentran imputados la mujer y el hermano de Koldo.
La tercera pata de esta macrocausa de corrupción la encarna el empresario Víctor de Aldama, quien ha decidido establecer una línea de colaboración estable con la Justicia. Las confesiones de Aldama, unidas a las pruebas que ha aportado al Tribunal Supremo, sitúan a varios cargos del Gobierno y de la esfera socialista en una situación delicada. El empresario ha acusado al jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero, Carlos Moreno, y al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, de cobrar comisiones ilegales. Del ministro Ángel Víctor Torres dijo que exigió una mordida que nunca se le pagó. En la actualidad, es el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno quien investiga las adjudicaciones realizadas por los Gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares -con Torres y Francina Armengol al frente- a la empresa Soluciones de Gestión, apadrinada por Víctor de Aldama.
Junto al denominado caso Koldo, la Audiencia investiga a Aldama en la denominada trama de los hidrocarburos, donde se encuentra imputada la empresaria Carmen Pano que aseguró llevar en persona bolsas de dinero a la sede del PSOE, en Ferraz.
Junto al caso Koldo, en estos momentos el Supremo continúa adelante con la instrucción abierta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por un delito de revelación de secretos cometido presuntamente por filtrar datos reservados de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Después de que la Guardia Civil constara que se hallaron "cero mensajes" en el móvil del fiscal general, el magistrado Ángel Hurtado ha acordado nuevas diligencias como la citación de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal de delitos Económicos Julián Salto el próximo día 16 de enero. Son dos testigos clave que padecieron las prisas del fiscal general en airear datos reservados del empresario Alberto González Amador.
Previamente, entre el 8 y 9 de enero testificarán en el Supremo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y ocho periodistas de diferentes medios de comunicación (EL MUNDO, La Sexta, eldiario.es, Cadena Ser, El Plural, Vozpópuli y Libertad Digital) que manejaron información relevante sobre el novio de Ayuso.
Posteriormente, el día 21, el magistrado ha llamado a comparecer como testigos a la directora de comunicación de la Fiscalía General, Mar Hedo, y al jefe de prensa de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, Iñigo Corral. En su última resolución, Hurtado ha señalado que "hay varias diligencias sobre las que se está pendiente de acordar", avanzando que lo irá haciendo "en función de lo que la progresión de la instrucción de la causa vaya requiriendo". Entre ellas se encuentra la citación de García Ortiz como imputado. Una imagen histórica ya que nunca antes en democracia el fiscal general ha sido investigado. Asimismo, fuentes jurídicas consideran probable que tras el borrado de sus móviles el único camino que le queda a García Ortiz es sentarse en el banquillo de los acusados del Supremo.
Junto a estos dos procedimientos, al presidente del Gobierno le incomoda especialmente el abierto a su esposa Begoña Gómez por cuatro delitos. El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, indaga sobre el papel desempeñado por Gómez en los contratos del consultor Juan Carlos Barrabés -excepto en aquellas adjudicaciones públicas que fueron sufragadas con fondos europeos, contratos que revisa la Fiscalía Europea-. Asimismo, investiga la actividad profesional de la esposa de Sánchez en la Universidad Complutense de Madrid y la posible apropiación de un software de la misma. La esposa del jefe del Ejecutivo está imputada por delitos de tráfico de influencias, corrupción en el sector privado, apropiación indebida e intrusismo profesional.
En este procedimiento hay dos citas importantes el calendario judicial, según informan fuentes jurídicas. Por un lado, el próximo 13 de enero la Audiencia Provincial de Madrid estudiará el recurso de apelación interpuesto por la defensa del empresario Barrabés contra la diligencia de entrada y registro acordada el pasado verano por Peinado y, por otro, el próximo 22 de enero el instructor ha citado como testigos a representantes de las empresas Indra Sistemas, Google y Telefónica. También han sido llamados a declarar ese día el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense, José María Coello de Portugal, y a su antecesor Juan Carlos Doadrio.
Por otro lado, la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz ha citado a declarar como investigados a David Sánchez, hermano del presidente del Ejecutivo, y al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, el próximo 9 de enero en el caso abierto por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación. Después de que no se haya encontrado un enriquecimiento patrimonial injustificado en el valor de las acciones del BBVA pertenecientes al hermano de Sánchez, las pesquisas se centran ahora en determinar si David Azagra -su nombre artístico- gozó de algún privilegio a la hora de ser contratado por la administración pública extremeña.
Los imputados más mediáticos de España
VÍCTOR DE ALDAMA: EL "NEXO CORRUPTOR"
El empresario es el hombre clave dentro del denominado caso Koldo. Aldama, que ha sido calificado por la Guardia Civil como "nexo corruptor", fue capaz de infiltrarse en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y en el seno del Gobierno. Tenía un pase VIP para acudir al Ministerio de Transportes que capitaneaba José Luis Ábalos. Sus confesiones han hecho temblar a más de uno.
KOLDO GARCÍA: EL ASESOR MÁS FIEL
Mano derecha de José Luis Ábalos fue su asesor, su confidente, su mandatario y, sobre todo, su hombre de los negocios. Koldo García adquirió un poder desmedido dentro del Ministerio de Transportes y despachaba con distintos ministros del Gobierno como si fuese un personaje determinante dentro del mismo. De momento, niega todas las acusaciones.
BEGOÑA GÓMEZ: LA ESPOSA ATREVIDA
Por imprudencia, por búsqueda de notoriedad o por desconocimiento del lugar que ocupa como cónyuge del presidente del Gobierno, lo cierto es que Begoña Gómez aprovechó su faceta empresarial de forma muy diferente al resto de sus predecesoras. Ese modo de actuar le ha costado la imputación por tráfico de influencias.
DAVID SÁNCHEZ: EL HERMANO ARTISTA
Todo apunta a que el hermano del presidente no cuenta con un abultado patrimonio, pero falta por determinar si protagonizó un caso de nepotismo. David Azagra, su nombre artístico, se encuentra imputado por tráfico de influencias, malversación y prevaricación. El 9 de enero está citado a declarar como investigado.