La vivienda asequible es el gran campo de batalla en el que se ha desperezado el año político 2025. En una competencia sana por ver quién impulsa más pisos baratos, tanto el Ejecutivo nacional del PSOE y Sumar como los 11 gobiernos autonómicos del PP van a anunciar en los próximos días sus estrategias para mitigar la crisis del acceso a la vivienda, que ya es la principal preocupación de los españoles, según el CIS.
Socialistas y populares tienen el mismo objetivo: sacar al mercado el máximo de pisos baratos y públicos. Y usan hasta la misma expresión-reclamo: «vivienda asequible». Pero tienen recetas ideológicas muy distintas para conseguirlo. Mientras el PSOE quiere convertir la vivienda en el «quinto pilar del Estado del Bienestar» y actuar sobre la demanda, el PP apuesta por una liberalización que inunde de oferta el mercado.
Eso sí, los dos coinciden en dinamizar de una vez el suelo público. El lunes 13, Pedro Sánchez clausurará el gran acto de vivienda con el que el Gobierno quiere relanzar su acción política mientras sigue sin desprecintar los primeros Presupuestos de la legislatura. Se volcará sobre la «ampliación del parque de vivienda asequible» y sobre la «movilización de alquiler residencial», con la empresa pública de suelo, Sepes, como nuevo ariete y agente dinamizador de los terrenos públicos, por encima de la Sareb.
Un día antes, el domingo, Alberto Núñez Feijóo clausurará su cumbre de barones ante los 11 presidentes autonómicos, en Colunga (Asturias). La vivienda será el eje prioritario de los acuerdos que van suscribir los presidentes de Andalucía, Galicia, Madrid, la Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Extremadura, Castilla y León, La Rioja, Cantabria, Baleares, Ceuta y Melilla, y el el vicepresidente de Canarias, ante «la situación de excepcionalidad».
«Del abanico de instrumentos que se van a poner sobre la mesa» en la cumbre del PP, como explica la vicesecretaria popular Paloma Martín, descuella una medida muy demandada por el sector inmobiliario: sacar a concesión los suelos públicos para que se usen como promociones en alquiler a precios limitados durante un tiempo considerable que les permita a los promotores obtener rentabilidades lo suficientemente atractivas (del entorno del 8% neto) como para entrar a estas operaciones, que serían similares a las que ya se hacen en el sector de las infraestructuras.
Los plazos que se manejan actualmente para estas concesiones se inclinan con fuerza hacia los 75 años, pero en algunas localizaciones podrán ser de 50. Dependerá de cada CCAA. Porque eso es una clave del plan del PP: que todos los barones firmarán un compromiso con estas medidas, pero las pueden amoldar a sus necesidades. Pero lo general serán 75 años de explotación. Después de ese plazo, las viviendas reverterían de nuevo en la Administración Pública.
«Irá por lotes, pero en todo caso los plazos amplios son fundamentales para hacer posible que los alquileres sean a precios asequibles», explican en Génova, donde están cerrando los flecos de la cumbre de Colunga con los consejeros de Presidencia de las 12 regiones en las que gobiernan y, por tanto, tienen competencias de vivienda.
Este modelo ya lo han empezado a aplicar, aunque aún no de manera masiva, cinco comunidades del PP: Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Galicia y Aragón. El modelo de esta última, aprobado ya por Jorge Azcón, es el que los promotores reclaman generalizar: se garantiza un pago mensual del alquiler de los pisos y, ademas, una ayuda extra del Ejecutivo regional. Y eso les asegura un 8% de rentabilidad neta. Por eso las empresas sí quieren construir estas «viviendas asequibles», contrariamente a lo que pasó con el plan que diseñó Mariano Rajoy para impulsar la colaboración privada en el suelo público.
E Isabel Díaz Ayuso tiene prevista la entrega de más de 3.000 viviendas en régimen de alquiler a precios asequibles del Plan VIVE -fundamentalmente a 75 años-, que garantizan, según el PP, una rebaja mayor del 20% del precio del alquiler.
Esas concesiones que quiere hacer el PP se podrán hacer en los suelos dotacionales en desuso que los populares quiere sacar al mercado para construir decenas de miles de pisos asequibles, como adelantó ayer este diario. Además, las comunidades del PP sacarán al mercado suelos públicos y articularán cambios legislativos para eliminar burocracia y facilitar la liberación de suelo.
Paloma Martín: "LA CAUSA DE ESTA SITUACIÓN ES LA ESCASEZ DE OFERTA"
La vicesecretaria del PP Paloma Martín tiene muy claro por qué hace falta un plan de choque de vivienda, después de que los pisos se hayan encarecido más de un 30% en 10 años: «La causa principal de la situación actual es la escasez de oferta, junto con la intervención del mercado, la tolerancia a la okupación y la no reforma de la Ley del Suelo», afirma a este diario. «Eso ha hecho que cayera un 30% la inversión, según la consultora CBRE, y que hayan salido del mercado 80.000 viviendas de alquiler». «No es ideología, son modelos que funcionan o no», zanja.
Borja Sémper: ¿EXPLORAR UNA MAYORÍA ALTERNATIVA? "FALTARÍA MÁS"
Después de suscribir su plan de vivienda este próximo fin de semana en su cumbre de barones en Colunga (Asturias), el PP intentará apuntalar una «mayoría alternativa» puntual en el Congreso para cambiar la Ley del suelo y permitir que se aceleren sus medidas. Para ello, «explorará» todas las vías parlamentarias menos Bildu. Y Junts y PNV son los dos partidos con más coincidencia económica en este ámbito.
«Si hay grupos dispuestos a acordar con el PP medidas para solucionar el problema de la vivienda, vamos a explorar esas vías, faltaría más», dijo Borja Sémper ayer.