El Gobierno todavía no ha solicitado el Fondo de Solidaridad de la Comisión Europea para hacer frente a desastres naturales. Lo reveló ayer la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que se reunió en Bruselas con tres comisarios europeos y que mostró su "sorpresa" ante el hecho de que el Ejecutivo no haya solicitado todavía la ayuda. El límite para hacerlo es la próxima semana. El día 21 de enero, en concreto. Y el Ejecutivo no sólo aseguró hace ya meses que lo había solicitado cuando en realidad, y según confirman fuentes europeas, no lo ha realizado el trámite, sino que además pone en juego cientos de millones de euros en caso de que no cumpla los plazos.
El Fondo está dotado con 1.500 millones de euros, una cifra que se debe repartir entre todos los países de la UE que hayan sufrido algún tipo de catástrofe natural y que soliciten la ayuda. Su reparto depende tanto de las peticiones de los países miembro como de la evaluación que haga Bruselas, pero hay antecedentes que demuestran que las cifras pueden ser muy elevadas. Por ejemplo, las inundaciones que en 2013 sufrió Alemania provocaron unos daños estimados en 8.154 millones, y la ayuda europea a través de este mecanismo ascendió a 360 millones. Mucho peores fueron las de 2021 en el mismo país, cuyo impacto superó los 20.000 millones y ante las que Bruselas desembolsó 612 millones.
Italia, tras el terremoto de 2016, recibió más de 1.000 millones y a Croacia se destinaron más de 600 millones tras el movimiento sísmico de 683 millones. Fuentes de la Comisión piden cautela al ser preguntadas sobre la cuantía que podría recibir España, y añaden que primero es necesario realizar una evaluación de los daños. Pero si a los casos ya señalados se añade que por la dana de 2019, que fue mucho menos grave que la del año pasado, ya se desembolsaron 54 millones desde Europa para ayudar a Alicante y Murcia, es evidente que la cantidad en este caso podría ser muy notable.
Por eso, Catalá subrayó que recibieron con "muchísima preocupación" el hecho de que, "más de dos meses después de la dana", el Gobierno no haya solicitado todavía "oficialmente el Fondo de Solidaridad". "Exigimos que lo soliciten cuanto antes y ya hemos perdido un tiempo básico e importantísimo para obtener estos fondos que ayuden a la reconstrucción, a las familias y a los municipios", incidió tras reunirse con la vicepresidenta en materia de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna De Virkkunen; el vicepresidente para la Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto; y el comisario de Clima, Cero Emisiones y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra. Esto es, tres reuniones de muy alto nivel y muy significativas en las que ha trabajado el PP para la alcaldesa de Valencia y, al menos por ahora, no para el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.
"Se está en plazo y se va a pedir"
El Gobierno, por su parte, acabó reconociendo a última hora de la tarde de ayer que todavía no ha solicitado la ayuda. "Se está en plazo y se va a pedir, que para eso estamos trabajando desde hace dos meses", aseguran fuentes de Moncloa, lo que choca con la afirmación que el propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aseguró ya el 5 de noviembre. "Hemos solicitado ya formalmente a la Comisión Europea la ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad. Como sabe Europa, España siempre ha sido un país constructivo que ha ayudado a la Unión Europea cuando ha hecho falta. Y ahora, lógicamente, es el momento de que la Unión Europea nos ayude a nosotros", dijo. Esto es, dijo algo que se ha demostrado que no es cierto y que desde algunos ámbitos del Ejecutivo todavía no sabían que no se había producido.
Y sobre el retraso en la petición, fuentes del Gobierno afirman que es habitual. "Siempre se agotan los plazos", explican, ya que de esa manera se puede hacer una estimación más completa y acertada de cuáles son las necesidades y daño y, en consecuencia, optar a una mayor ayuda. Apuntan también que sí se ha informado a Bruselas de que se solicitará la ayuda e inciden en lo difícil y laborioso que supone cuantificar los daños, proceso para el que además es necesaria la coordinación con ayuntamientos y comunidades autónomas.