Bruselas está vigilando el decretazo del Gobierno de Pedro Sánchez en RTVE. "La Comisión concede gran importancia a los principios de libertad y pluralismo de los medios de comunicación, que son pilares fundamentales de las sociedades democráticas", y "seguirá estando atenta a cualquier novedad relativa a los organismos públicos de radiodifusión", señala la vicepresidenta para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, en una carta con fecha de 3 de febrero.
La misiva es la respuesta que da al PP, que ya en octubre trasladó a la Comisión que el decretazo de Sánchez "elimina la mayoría de dos tercios que hasta ahora era necesaria para elegir a los gestores del ente, afectando así directamente al pluralismo del órgano rector".
El texto se conoce el mismo día en el nuevo presidente de Radio Televisión Española, José Pablo López, ha decidido reestructurar las direcciones del ente nombrando a Maribel Sánchez Maroto como nueva directora de Informativos de RTVE, y a Jon Ariztimuño, director Informativos de TVE. Y apunta que el nuevo reglamento sobre medios de comunicación será de aplicación a partir del 8 de agosto de 2025, y "tiene por objeto velar por la independencia editorial de los prestadores de servicios de medios de comunicación públicos, de acuerdo con su función de servicio público definida a nivel nacional".
"Reconoce la libertad de los Estados miembros para definir, organizar y financiar el servicio público de radiodifusión. Sin embargo, todos los Estados miembros han acordado un conjunto de normas y principios rectores europeos relativos a la independencia, el marco normativo y político, la financiación, los nombramientos, la rendición de cuentas, la gestión, la transparencia y la apertura en este ámbito", añade el documento que, en concreto, es una repuesta a la reclamación presentada por la portavoz de la Delegación del Partido Popular en el Parlamento Europeo y vicepresidenta del EPP, Dolors Montserrat.
EL MUNDO ya adelantó en octubre que el decretazo de Sánchez inquieta en Bruselas, y que la Comisión lo estaba siguiendo de cerca. La respuesta dada al PP incide en esa línea y evidencia que Europa sigue muy atentamente el asunto. En opinión de la formación popular, "con esta respuesta la Comisión apunta a que para tomar acciones contra un Gobierno infractor deberá esperar al mes de agosto, momento en el que todos los gobiernos deberán cumplir unos criterios bien precisos".