Andaban en el Palacio de Cibeles a otra cosa, sumergidos, precisamente, en la Semana Europea de la Movilidad, cuando, poco antes de la hora de comer irrumpió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra esa Ordenanza de Movilidad Sostenible puesta en marcha por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, hace ya tres años. Pocos contaban con recibir ese contratiempo judicial que, resultado del recurso de Vox, anulaba todas las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en la capital.
Una sentencia, que aún no es firme, y que espera el recurso de casación del Ayuntamiento en el Supremo, con un plazo de 30 días. Pero una resolución que amenaza con dejar en suspenso las restricciones al tráfico en lugares tan emblemáticos como Plaza Elíptica, enclaves de especial protección medioambiental, o, sobre todo, el distrito Centro. Ese Madrid Central (ahora 360) que Manuela Carmena dejó como herencia y que Almeida, pese a las promesas electorales de 2019, no sólo no derogó, sino que lo afianzó como estrategia para sostener con firmeza esa bandera de la calidad del aire en la ciudad.
El texto, escudriñado exhaustivamente por los servicios jurídicos municipales, ha estimado parte de los argumentos de Vox, con Javier Ortega Smith a la cabeza, considerando que concurre en una «manifiesta insuficiencia» de los informes sobre el impacto económico, previos a la propia aprobación de la ordenanza. «Considera de singular importancia que se hubiera tenido en cuenta la situación de los colectivos empresariales de menor capacidad económica para la renovación del vehículo, como son los autónomos, microempresas y pymes», argumenta la sentencia.
Las dificultades para el acceso a los nuevos vehículos que cumplan con las exigencias medioambientales por parte de personas de menos capacidad económica han sido la clave para ese sofocón que ayer se llevaron en el Ayuntamiento de la capital. Porque en estas zonas restringidas al tráfico, está prohibida la circulación de los vehículos sin distintivo y, también, de los que sólo dispongan de una etiqueta de tipo A, según detalla la citada normativa del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, encabezada por Borja Carabante, encargado de poner voz al Consistorio. Lo hacía, además, junto al propio Palacio de Cibeles.
Estudiando el recurso de casación
«Madrid 360 es un modelo de éxito porque nos ha permitido cumplir la directiva europea de calidad del aire desde 2022», proclamaba el delegado municipal, que insistía en que las multas no se anularán y, también, que, pese a la sentencia, esas áreas siguen restringidas al tráfico. «Hemos recibido la sentencia y el servicio jurídico estudiará la posibilidad de presentar un recurso de casación como hacemos siempre que recibimos una sentencia. La anulación sólo viene por un defecto formal», recalcaba ayer Carabante, antes de volver a ponderar las políticas de Almeida. «La política de sostenibilidad del Ayuntamiento se basa en estas medidas. Hemos puesto en marcha una estrategia que permite la sostenibilidad ambiental y económica». En Cibeles confían en que la hipotética reclamación salga adelante, amparados por la normativa europea.
Las restricciones que cesarían en caso de no prosperar ese recurso afectarían, como se ha escrito, a todas las Zonas de Bajas Emisiones de la ciudad. Una de ellas, por ejemplo, la concurrida M-30 en la que, a partir del próximo 1 de enero de 2025, está previsto que ningún vehículo sin distintivo medioambiental, sea o no vecino de Madrid, pueda circular.
Pero la sonrisa más deslumbrante brotó ayer, lógicamente, del rostro de Javier Ortega Smith, portavoz municipal de Vox y alfil más beligerante con esas políticas de restricciones al tráfico abrazadas por Almeida. Ese fue, precisamente, el principal motivo de su divorcio, tras facilitar su investidura en junio de 2019.
«Hoy se ha hecho justicia con las personas más vulnerables», celebraba en rueda de prensa Ortega Smith que, exultante, aprovechó para pedir la dimisión del alcalde. En esa puesta en escena no descartó pedir «la ejecución provisional de la sentencia», ya que, «de aquí a que se resuelva el recurso de casación se seguiría haciendo daño a los madrileños».
El 'disgusto' de Más Madrid
Los otros dos partidos de la oposición, que votaron en contra de la Ordenanza el 13 de septiembre de 2021, también aprovecharon para dejar su recado al alcalde. Cada uno, lógicamente, a su manera. Porque la semilla de Madrid Central la plantó Más Madrid, durante el mandato de Carmena. De ahí que la resolución judicial no sentara demasiado bien a Rita Maestre. «El Partido Popular llegó tarde y llegó sin ganas a las políticas de calidad del aire, y esta nueva chapuza lo demuestra claramente. El problema es que Madrid no puede desandar el camino avanzado», argumentaba.
Mientras Enma López, portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento, mostraba también sus cartas. «Por mucho que tenga mayoría absoluta, Almeida está obligado a cumplir con el procedimiento y no lo está haciendo. Por eso luego vienen los tribunales y anulan las ordenanzas, y al final, lo que queda en Madrid es una gran inseguridad jurídica que perjudica a los vecinos».
Tanto en el distrito Centro como en Plaza Elíptica, también en la M-30 y en todos las Zonas de Bajas Emisiones, la escena seguirá, por el momento, como hasta ahora. Todo queda pendiente de ese recurso de casación del Ayuntamiento donde se llevaron el gran sofocón de la legislatura.