No sabemos a esta hora si Begoña Gómez ha cometido alguna acción punible, entre otras cosas porque la rapidez como instructor tampoco parece el fuerte del juez Peinado. Pero lo que pocas dudas ofrece es que a la mujer de Pedro Sánchez cuando menos le adorna un carácter bastante metomentodo en asuntos de la exclusiva incumbencia de quienes ejercen el gobierno de la nación. Por no hablar de que tiene muy mal aprendidas las lecciones -siendo generosos en el juicio de valor- sobre la ética que debe rodear al poder y sobre los conflictos de intereses de los que debe huir como de la peste cualquier pareja de todo mandatario.
Hace ya más de un año que estalló el caso Begoña. Y no hay semana en que a la consorte de Moncloa no se la vincule con algún asunto turbio como el del rescate de Air Europa. Pero, dejando de lado la catadura de nuestra protagonista, lo que es de aurora boreal es que en España los escándalos de naturaleza política sólo sirvan para que los partidos se intercambien zurriagazos sin que nadie asuma que la regeneración de la vida pública pasa, más allá de por la depuración de responsabilidades, por establecer los mecanismos que eviten o al menos dificulten la repetición de tropelías. La credibilidad de nuestros próceres se encuentra bajo mínimos porque nos toman por el peluquín con compromisos como el que la pasada primavera adelantaron tanto Feijóo como el mismo Sánchez de abrirse a estudiar la regulación del estatus de la pareja presidencial. Asunto importante que naturalmente sólo sirvió para matar el rato en tres tertulias y del que jamás se volvió a saber, ya que a los parlamentarios de PSOE y de PP cualquier cosa les distrae más que hacer por merecerse el sueldo que reciben. Como aquí todo va de luces cortas y de la melé partidista, si doña Begoña sale limpia de polvo y paja de un proceso judicial, los socialistas cantarán victoria, mientras que si es empurada los populares se verán ya de mudanza a Moncloa. Pero es que los ciudadanos debiéramos exigir las largas. Y que se pongan barreras para que ningún marido o mujer de quien dirija en el futuro el Ejecutivo pueda hacer cosas tan antiestéticas como incompatibles con una comunidad política moderna.
Explicó en este periódico la abogada Miriam González, esposa de Nick Clegg, cómo fue su experiencia en el Reino Unido mientras su marido ejerció como viceprimer ministro. Y, además de que todas sus cuentas y otras cosas de lo que podríamos entender como su esfera de intimidad fueron revisadas con lupa, ella se vio obligada a informar cada semana de sus asuntos laborales a un interlocutor de la Oficina de Ética de la Administración, e incluso a alejarse de trabajos vinculados directa o indirectamente con el sector público o con lobbys para esquivar cualquier posible conflicto de intereses. Igualito que en España.
Mal se entiende que con un escándalo como el de Begoña Gómez, y con un Parlamento atomizado en el que Sánchez no puede imponer un rodillo, no se esté tramitando ya una iniciativa legislativa de fuerzas que agitan la bandera de la ética que nos vacune ante casos similares. La laxitud moral que practicamos con los tejemanejes de las parejas de quienes nos gobiernan, sea la mujer de Sánchez, sea el novio de Ayuso, sea el sursum corda, indica que sufrimos más roña que higiene democrática.