El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado tres órdenes dictadas por la Consejería de Desarrollo y Educativo y Formación Profesional en mayo de 2023 que endurecían de algún modo las condiciones necesarias para permitir que un alumno pase de curso o se gradúe en Primaria, ESO y Bachillerato con alguna asignatura pendiente. Así, si la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe) (diciembre de 2020) se dejaba esa decisión en manos de los equipos docentes para que resolvieran "de forma colegiada", las órdenes dictadas por la Junta en mayo de 2023 establecían que, para tomar esa decisión, se debía contar con "una mayoría cualificada" de dos tercios de los equipos docentes.
La entonces consejera de Educación, Patricia del Pozo, explicó en su momento que reforzar las mayorías necesarias en la toma de una decisión de tanta trascendencia en la vida académica de los alumnos tenía por objeto dar "seguridad jurídica" a los profesores y a las familias.
Sin embargo, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo en Sevilla del TSJA considera que establecer condiciones adicionales para la toma de decisiones que afectan a la promoción de un alumno "quiebra el principio de igualdad que debe llevar a todo el alumnado a poder promocionar, con las mismas condiciones y requisitos, en cualquier parte del territorio del Estado".
Subraya a este respecto la sentencia que "es competencia estatal exclusiva la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes".
Por ello, el TSJA estima el recurso interpuesto por el Ministerio de Educación y declara la nulidad de las órdenes antes citadas en aquellos artículos en los que se exige que las decisiones de los equipos docentes se tomen "por mayoría cualificada de dos tercios".
Como se recordará, la Lomloe no pone ningún límite de suspensos para la promoción del alumnado y sólo permite dos repeticiones en el conjunto de la etapa obligatoria.
Cuando la Consejería de Educación puso esas indicaciones por escrito en las órdenes dictadas en mayo de 2023 (las que posteriormente fueron recurridas), los centros andaluces llevaban ya un curso completo aplicando esas mayorías cualificadas, sin que el Ministerio de Educación hubiera puesto ninguna pega. Eso dio confianza a la Consejería para pensar que no habría ningún tipo de recurso, pese a que sí se había impugnado una orden parecida de la Comunidad de Madrid.
Un "menosprecio a la cultural del esfuerzo"
La Consejería de Desarrollo Educativo y FP, cuya titular es actualmente Carmen Castillo, ha emitido esta tarde una nota informativa en la que matiza, por un lado, que la sentencia del TSJA "no anula las órdenes" sino sólo "los "preceptos impugnados".
Recuerda, además, que la introducción en la normativa andaluza de que las decisiones de evaluación, promoción y titulación del alumnado deban adoptarse por una mayoría cualificada de dos tercios respondió a "una demanda de los centros educativos", "que de esta forma disponían de mayores garantías jurídicas y criterios más objetivos, por tanto también de igualdad para el alumnado independientemente del centro en el que desarrolle sus estudios".
El Gobierno andaluz viene defendiendo que la Lomloe "menosprecia la cultura del esfuerzo, enviando un mensaje muy negativo al alumnado con la posibilidad de promoción sin límites de suspensos, una circunstancia que no significa que el alumno apruebe y mucho menos que adquiera las competencias necesarias, que es realmente lo trascendente".
La Consejería de Educación aprovecha para recordar que Andalucía "ha logrado incrementar en diez puntos la tasa de titulación en la ESO con una normativa que determina de forma más clara y precisa las condiciones para el desarrollo de las sesiones de evaluación del esfuerzo del alumnado, es decir, un marco para garantizar que los estudiantes han alcanzado realmente las competencias que se requieren".
"Facilitar la promoción sin que el alumno haya alcanzado las competencias sólo maquilla estadísticas y perjudica su camino para que pueda seguir progresando con éxito dentro del sistema, en la Formación Profesional o en la Universidad", apunta la Junta.
"Andalucía ha apostado por extender los apoyos y refuerzos educativos para que el alumnado con dificultades académicas logre el éxito académico, es decir, ha apostado por poner el foco en el alumnado con inversión de recursos, frente a un Gobierno de España que prefiere el terreno del contencioso-administrativo", añade.
"Cabe lamentar que el Gobierno de España no ha atendido ninguna de las solicitudes de convocatoria de la Conferencia Sectorial que ha hecho Andalucía, se ha negado a flexibilizar los fondos europeos para beneficiar a las familias andaluzas con la gratuidad del primer ciclo de Infantil conforme al modelo andaluz, no ha atendido la petición de financiar la gestión de becas en nuestra comunidad como sí hace con Cataluña, o cubrir los costes y la gestión del alta en la Seguridad Social a los alumnos de Formación Profesional, que ha asumido en su totalidad la Junta de Andalucía", concluye la nota de la Consejería.