La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha rubricado este lunes la firma del acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2025 con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. Y lo ha hecho en un acto celebrado en el Ministerio de Trabajo en el que se han mezclado varios temas de actualidad en el debate económico nacional e internacional, más allá del incremento del 4,4% de esta referencia salarial, hasta los 1.184 euros al mes, que se aprobará mañana en Consejo de Ministros y se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero.
En una jornada marcada por la resaca de la manifestación que tuvo lugar ayer en Madrid en defensa de una vivienda digna y contra la especulación en el mercado inmobiliario, Díaz se ha mostrado tajante: "Los enemigos de España no se encuentran en la subida del salario mínimo, sino en los fondos de inversión, que son los que están especulando con la vida de la gente". Así, ha defendido el aumento del SMI -del 61% en los últimos años- como política clave para "reducir la desigualdad" y la "pobreza laboral que existe en España".
También el líder de Comisiones Obreras ha dedicado parte de su intervención a analizar el "gran drama de la desigualdad" que, a su juicio en estos momentos, supone "el acceso a una vivienda asequible con los niveles salariales que tenemos en España". Así, ha defendido los efectos positivos de las subidas del SMI para beneficiar a más de 2,5 millones de trabajadores y ha negado, nuevamente, que el fuerte incremento de este suelo salarial impulsado por el Gobierno de coalición a través del diálogo social y en base a las recomendaciones del comité de expertos haya tenido algún impacto negativo sobre la economía o el empleo.
En este sentido, Sordo ha insistido en la necesidad de "combatir la narrativa de la catástrofe" y ha criticado a los empresarios por hablar de "infierno fiscal" o de "asfixia a las pymes" por el incremento de los costes laborales derivado de la subida del salario mínimo, de la reducción de la jornada laboral o de los incrementos de las cotizaciones sociales para pagar las pensiones. "Son quejas permanentes, recurrentes y cotidianas", pero a las patronales, en su opinión, "les falta una queja", en referencia a las consecuencias que la guerra comercial y arancelaria iniciada por Estados Unidos va a tener sobre la economía española.
"No parece que los empresarios tengan ninguna preocupación" por el riesgo de incremento de los costes de exportaciones de aceite de oliva a EEUU, ha citado como ejemplo. ¿Dónde está el mundo económico español cuando el presidente de la primera potencia mundial amenaza con incrementar los costes del sector agrario, automovilístico o del aceite?", ha incidido, para advertir de que es "verdaderamente preocupante" que "algún malpensado pudiera pensar que esta elipsis tiene que ver con que quien protagoniza la guerra comercial es el principal aliado internacional de las nuevas formas de populismo de extrema derecha que son alternativas de gobierno en países como España, Francia o Alemania".
Por su parte, Pepe Álvarez ha puesto el foco en la negociación colectiva y ha exigido a los empresarios que se sienten a negociar los convenios para continuar en la senda de crecimiento de los salarios. "¿Alguien cree que con una subida del SMI del 4,4% estamos cubriendo, ni de lejos, las necesidades que una familia va a tener para poder abordar el aumento de la vivienda en 2025?", se ha preguntado el secretario general de la UGT, también en referencia a la crisis de vivienda.
Después ha dirigido el foco nuevamente al debate sobre la tributación del salario mínimo. A la espera de que Hacienda comunique si finalmente adaptará o no el IRPF para que quienes cobran el SMI no tengan que tributar, Álvarez se ha mostrado "radicalmente contrario a la bajada de impuestos" y "favorable a un IRPF progresivo" y ha defendido los impuestos como "instrumento fundamental de la redistribución de la riqueza". Sin embargo, ha cuestionado que "la progresividad del IRPF está castigando más a los que menos tienen". Por ello, ha indicado que "ahí es donde el Gobierno tiene que encontrar el encaje". En todo caso, ha afirmado que "si el Gobierno quiere recaudar, tiene las horas extra". "Situar esas horas en el circuito de la legalidad no es tan complejo, es cuestión de voluntad política", ha asegurado.