A los funcionarios se les acaba la paciencia. Bien entrado ya el mes de marzo, el Gobierno mantiene sus sueldos congelados. Ni les ha abonado aún el incremento del 0,5% que les corresponde del último acuerdo, que expiró el 31 de diciembre de 2024, ni les ha convocado para negociar la subida salarial de 2025 y un nuevo acuerdo marco para los próximos años. La situación está caldeando el ambiente entre los sindicatos, que amenazan con movilizaciones en primavera si el Ministerio de Función Pública no atiende sus peticiones con carácter urgente.
"Estamos ya en marzo y seguimos con el sueldo congelado. Si el lunes no recibimos noticias de Función Pública, convocaremos movilizaciones en toda España", anuncian a EL MUNDO desde CSIF, el sindicato más representativo en el ámbito de las administraciones públicas. "Desde Navidades no nos convocan y lo prometieron", denuncian. El último contacto con el equipo de Óscar López se produjo en diciembre, a las puertas de caducar el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, que sólo firmaron CCOO y UGT en 2022. En ese momento, el Ministerio estaba inmerso en una crisis que ha arrastrado hasta esta misma semana, cuando, por fin, ha logrado garantizar la continuidad de Muface con la adhesión al convenio de Adeslas y Asisa.
Más de dos meses y 4.808 millones de euros después, que es el dinero que han arrancado las aseguradoras al Ejecutivo tras disparar la prima un 41,2%, el ministro López da por zanjada la crisis de la mutualidad. Y ahora que ha dado carpetazo a ese asunto -a la espera de la adjudicación definitiva del contrato tras solventar todos los trámites administrativos- los funcionarios consideran que es el momento de hablar de sus sueldos. No sólo CSIF, también CCOO y UGT, desde sus respectivas federaciones de servicios públicos, han advertido en estos días al Gobierno y, en concreto, al responsable de Función Pública, de que convocarán movilizaciones si no reúne con urgencia a la mesa de negociación para abordar la subida salarial.
Para empezar, el Gobierno debe a los funcionarios el incremento extra del 0,5% al que se comprometió en el acuerdo para compensar la inflación. Desde la Federación de Servicios Públicos de UGT instan a López a llevar esa subida al Consejo de Ministros "de inmediato". En un comunicado, el sindicato asegura que "no hay excusa alguna" para no aplicar esa revalorización de las nóminas, que tendría efectos desde 1 de enero de 2024 y que no podrá ser ni absorbida ni compensada. Por su parte, desde el Área Pública de CCOO también exigen al ministro la convocatoria urgente de una nueva mesa de negociación que incluya un aumento salarial "significativo" para que los empleados públicos recuperen el poder adquisitivo perdido.
Aunque el acuerdo firmado por estos dos sindicatos ha supuesto para los empleados públicos un aumento salarial acumulado de más del 9% entre 2022 y 2024, desde CSIF calculan que los funcionarios han perdido en torno a ese mismo 9% de poder adquisitivo en el periodo y acumulan una merma de hasta el 20% desde los recortes de 2010. Por eso, la central sindical demanda que la actualización de los sueldos de los 3 millones de trabajadores al servicio de las administraciones públicas "se produzca de manera automática todos los años, al igual que con las pensiones o el salario mínimo interprofesional (SMI)".
Otros asuntos pendientes
En paralelo a la negociación salarial, CSIF también lleva meses reclamando una nueva oferta de empleo público para 2025, eliminando la tasa de reposición. El problema, según UGT, es que "desde 2022 se han sucedido el nombramiento de cuatro ministros responsables de Función Pública y la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2023". Para CSIF la ausencia de Presupuestos se complica aún más si cabe ante la "debilidad parlamentaria" que tiene el Gobierno en estos momentos, incapaz de asegurarse los apoyos de los grupos parlamentarios, incluidos sus propios socios, a prácticamente ninguna iniciativa legislativa. Y menos aún a los PGE.
Hay más asuntos pendientes. El sindicato que preside Miguel Borra considera necesario hacer balance del plan de estabilización de plazas de personal interino, ya que a 31 de diciembre la tasa de temporalidad en las administraciones públicas alcanzó el 28%, cuando no debía superar el 8%, tal y como se comprometió el Gobierno con Bruselas. Además, está pendiente el despliegue de la jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado; la implementación de carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo; la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas y la mejora de las condiciones de jubilación.
Incluso los sindicatos firmantes del último acuerdo admiten que aún no se han producido los suficientes avances en algunas materias. UGT hace un balance positivo del acuerdo marco, pero pide al Gobierno que active ya una nueva negociación que posibilite "la continuidad de la senda de certidumbre, creación de empleo de calidad y la consecución de nuevos derechos para los empleados públicos".
Y lo mismo desde CCOO. El sindicato denuncia que quedan elementos por culminar, como el desarrollo de los planes de igualdad y los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo; la puesta en marcha de un plan de digitalización para las zonas de menor población o en riesgo de exclusión; la creación de empleo neto en las administraciones públicas, con reducción de la temporalidad y rejuvenecimiento de las plantillas, y las reformas para que la jubilación parcial sea una realidad en todo el sector público. "De no abordarse todos estos asuntos con urgencia, convocaremos movilizaciones en el sector público para defender nuestros derechos", avisan.