El envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad en España reducirán el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) un 40% de aquí a 2050 y casi un 60% hasta finales de siglo. Es una de las alarmantes conclusiones a las que llega la consultora PwC en un informe sobre los retos y oportunidades de las sociedades envejecidas -Shaping the future: socioeconomic challenges and opportunities in aging societies- que sitúa a nuestro país como líder en longevidad.
Cruzando datos de organismos internacionales como la ONU o la OCDE y fuentes estadísticas nacionales, el informe analiza las implicaciones del envejecimiento en la economía española y cuantifica su impacto a medio y largo plazo. Para empezar, proyecta que la combinación del aumento de la esperanza de vida, que pasará de 84 años en 2023 a 92,9 años en 2100, y las bajas tasas de natalidad (1,2 nacimientos por mujer frente a un nivel ideal de reemplazo de 2,1) conducirán al «colapso poblacional» en 2050, «y es probable que la migración no sea suficiente para revertir esta alarmante tendencia», advierte.
A mediados de siglo, la población mayor de 65 años habrá aumentado un 64% en comparación con 2023 y para 2100 España se enfrentará a un descenso demográfico del 31%, perdiendo unos 15 millones de personas. Esto reducirá la fuerza laboral hasta el punto de que pasaremos de 3 trabajadores por pensionista a solo 1,5 en el año 2100, «lo que generará serias preocupaciones sobre la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y atención sanitaria», alerta la consultora.
El documento incide en que «el envejecimiento de la población en las economías desarrolladas está impulsando aumentos significativos en el gasto público en pensiones». Y concreta que, en España, «se prevé que el gasto en pensiones aumente en más de 8.000 millones de dólares (algo más de 7.000 millones de euros) para 2050, lo que supone un aumento de 0,7 puntos porcentuales en proporción al PIB». Este incremento, que implicará pasar de un gasto en pensiones del 12,3% del PIB al 13% en 2050, se debe principalmente a los costes que tendrá que asumir la Seguridad Social por la jubilación de la macrogeneración del baby boom en un escenario de mayor longevidad de la población.
De hecho, las cuentas públicas han empezado ya a sufrir por la tensión financiera que está generando el desembarco de los baby boomers. El pasado año 2024 se registraron 368.065 altas de pensiones de jubilación, un nuevo máximo histórico y muy por encima del dato de 2023, cuando se contabilizaron 326.949 altas coincidiendo con el aterrizaje de la primera hornada de trabajadores nacidos entre 1958 y 1977. Mientras las altas se incrementaron cerca de un 13%, las bajas apenas lo hicieron un 3%, al pasar de 265.060 a 273.346, de modo que la brecha entre los nuevos jubilados y los que salen definitivamente del sistema alcanzó un nivel nunca visto del 35% en 2024, frente al 23% de 2023 o el 13% de 2019, antes del estallido de la pandemia.
Con todo, los analistas de PwC estiman que el impacto económico del envejecimiento implicará una reducción en el crecimiento del PIB del 40% ya en 2050, lo que equivale a una pérdida potencial de 638.000 millones de dólares (unos 560.000 millones de euros). Entre 2050 y 2100 prevén una reducción anual del 0,7%, lo que se traduce en un agujero adicional de otros 277.000 millones de dólares (en euros, más de 240.000 millones). En total, una merma económica de hasta el 57% en el periodo proyectado, o lo que es lo mismo: una pérdida de 915.000 millones de dólares (más de 800.000 millones de euros) de aquí a final de siglo.
En su Informe de Perspectivas Económicas Globales, el Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de proyectar que el crecimiento anual promedio de la economía mundial de aquí a 2050 será unos 1,1 puntos porcentuales menor al del periodo 2016-18, y dos puntos inferior si el periodo se alarga hasta el año 2100, a medida que se acelera el envejecimiento de la población.