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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un nuevo atestado al magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado donde acredita que el fiscal general del Estado borró sus mensajes de whatsapp "hasta en dos ocasiones" el pasado 16 de octubre, día en el que la Sala Segunda decidió por unanimidad abrir causa a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación secretos presuntamente cometido con la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso.
"La falta de mensajes de mensajes anteriores al 16 de octubre del 2024 en la aplicación de mensajería instantánea de Whatsapp se debe, fundamentalmente, al vaciado o borrado intencionado de todos los mensajes contenidos en las distintas conversaciones, siendo realizada esta acción hasta en dos ocasiones el indicado el 16 de octubre", recoge la UCO.
Además, la Guardia Civil ha podido constatar que García Ortiz ha eliminado "recientemente" la cuenta de su Gmail personal.
En el oficio, avanzado este lunes por EL MUNDO, los agentes explican que la recuperación de datos de interés en copias de seguridad almacenadas en el servicio de Google Drive "no ha sido posible debido a la eliminación deliberada de la cuenta de Google asociada a este servicio".
Por su parte, Google ha comunicado a los agentes que "quizá" se pueda recuperar el contenido de la citada cuenta.
La llamada de La Ser
Asimismo, en el atestado, la UCO afirma que la única persona "fuera del ámbito de la Fiscalía" que contactó con el fiscal general del Estado la noche del pasado 13 de marzo, cuando se filtró el correo de la confesión del novio de Ayuso, fue el periodista de la Cadena Ser Miguel Ángel Campos, quien declaró como testigo ante el juez Hurtado.
"En relación con esta comunicación es necesario destacar que Miguel Ángel Campos es el periodista de la Cadena Ser que firma el artículo de prensa, en la edición digital de la Cadena Ser, de las 23:51 horas, en el que se publican extractos del email del 2.02.2024, entre el abogado de la defensa de Alberto González Amador y la Fiscalía, y cuya filtración es investigada en el presente procedimiento", recalcan los agentes.
En aquella información, se adelantaba, además, que la Fiscalía preparaba una nota de prensa para detallar cómo se habían producido esas conversaciones -que eran reservadas- entre el letrado del novio de Ayuso y el fiscal. Esa nota fue remitida a los medios la mañana del 14 de marzo entre una fuerte disputa entre el fiscal general y la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra.
Sobre la llamada del periodista Campos, la Guardia Civil recalca que "es preciso señalar que no existe ninguna llamada ni intento de comunicación con este terminal del fiscal general del Estado, a excepción de ésta, fuera del ámbito de la Fiscalía durante toda la tarde noche en la que se desarrollan los acontecimientos, al menos por este medio".
Se da la circunstancia de que el informe de la UCO no ha podido localizar las llamadas que el fiscal general realizó en aquellos días vía Whatsapp (si es que las hizo). Es decir, los agentes sólo han podido analizar el resgistro de llamadas por línea telefónica tradicional.
Cita al decano del ICAM
Por otro lado, el instructor Hurtado ha citado como testigo el próximo 21 de febrero al decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, para que comparezca en el Supremo. El ICAM que es querellante en este procedimiento y Ribón ha sido llamado a declarar ya que se reunió el pasado 15 de marzo con García Ortiz y se negó a firmar un comunicado conjunto que propuso el fiscal general donde se recogieran y pusieran en valor los principios fundamentales que rigen en la actuación del Ministerio Público y la Abogacía. El decano del ICAM se negó a suscribir ninguna declaración conjunta ante la gravedad de lo sucedido.
Además, el juez Hurtado explica que lo cita "en la medida que pueden verse afectados principios como el de confidencialidad y/o el de reserva por los hechos objeto de investigación, así como derivarse perjuicios corporativos para el colectivo que representa".
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez y el teniente fiscal de la Secretaria Técnica, Diego Villafañe, se encuentran imputados en el Supremo por un delito de revelación de secretos -artículo 417 del Código Penal- por haber presuntamente filtrado información tributaria y confidencial del empresario Alberto González Amador.