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El alcalde Jaume Collboni da el primer paso para "prohibir o restringir" el alquiler de temporada en Barcelona

El Gobierno municipal del PSC ya anunció también que, en el año 2029, no habrá licencias de pisos turísticos en la ciudad

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC).
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC).EUROPA PRESS
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El Gobierno municipal de Barcelona presume de ser "el primero en España en regular el precio del alquiler", en no autorizar más pisos turísticos y ahora quiere tomar la iniciativa en la lucha contra el uso fraudulento de los alquileres temporales para que pasen a uso residencial.

El Ejecutivo liderado por el socialista Jaume Collboni ha presentado, este mediodía, un acuerdo con Barcelona en Comú (el partido dirigido hasta hace un mes por Ada Colau) cuyo objetivo final es habilitar al Ayuntamiento para "prohibir, limitar o restringir" esta modalidad de arrendamientos en algunos barrios.

El primer paso será modificar el planeamiento urbanístico de la ciudad (Plan General Metropolitano) para distinguir y priorizar el uso habitual y permanente de la vivienda sobre el temporal.

La propuesta del PSC y los comunes se someterá a una primera votación la próxima semana en la comisión de urbanismo del Consistorio y necesitará el apoyo de Esquerra Republicana para salir adelante, ya que la suma de socialistas y BComú se queda a un concejal de la mayoría absoluta en el Pleno (20 ediles de los 41 que forman la corporación).

Según ha explicado la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, el objetivo es que la modificación del Plan General Metropolitano esté aprobada antes del próximo verano. "Nuestro caballo de batalla es el fraude", ha asegurado la responsable de Urbanismo, Transición Ecológica, Servicios Urbanos y Vivienda del Ejecutivo local. El texto tendrá que pasar también por la comisión de Urbanismo de la Generalitat.

Por ahora, ERC se limita a señalar que "la solución al problema de los alquileres de temporada supera con creces el ámbito municipal". Los republicanos, además, añaden que "cualquier iniciativa debe dar cumplimiento a los decretos presentados en el Parlament", una alusión al decreto ley de urgencia que el Govern que presidía Pere Aragonès aprobó a finales de abril para regular los alquileres de temporada.

Aquel texto, que fue presentado un día antes del inicio de la campaña de las elecciones autonómicas del 12-M, no superó la validación parlamentaria, un mes después, al ser rechazado por el PSC y Junts en la Diputación Permanente de la Cámara catalana. El decreto, que también afectaba al alquiler de habitaciones, incluía multas de 3.000 a 900.000 euros para las infracciones y solo excluía del tope fijado en los precios los arrendamientos con finalidades vacaciones, recreativas o de ocio para asistir a un evento.

Límite al precio del alquiler

El alquiler de temporada se ha convertido, en Barcelona, en un subterfugio para esquivar el límite al precio del alquiler implantado a raíz de la aprobación en las Cortes Generales de la Ley por el derecho a la vivienda. Si bien las estancias en pisos turísticos no suelen ser superiores a un mes, en la modalidad temporal van de uno o dos meses hasta aproximadamente un año. Su precio, además, puede establecerse por periodos como semanas o meses. El Ejecutivo municipal ha explicado que será necesario acreditar con documentos la necesidad temporal de un piso por motivos laborales, médicos o de estudios.

Si bien los socialistas son partidarios de la restricción por edificios, barrios o distritos, los comunes no ocultan que su objetivo es la prohibición de este tipo de alquiler en toda la ciudad mientras no exista un tope estatal a la modalidad temporal como el que puede establecerse en el arrendamiento habitual en las zonas tensionadas.

Cataluña es la única comunidad autónoma que ha aplicado esta limitación. La presidenta de su grupo municipal, Janet Sanz, ha calificado de "error histórico" que la ley estatal no incluyera el alquiler temporal en la limitación de las rentas. La regulación del alquiler temporal era una de las exigencias de BComú a Collboni para negociar los Presupuestos de 2025, que también necesitarán el concurso de ERC para ver la luz verde.

El pasado junio, el propio alcalde anunció que el Ayuntamiento no concederá más licencias para uso turístico a viviendas residenciales y no renovará las existentes en noviembre de 2028. Actualmente, hay más de 10.000 pisos turísticos registrados en Barcelona.