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Gobierno y Generalitat se reúnen hoy en Barcelona en el marco de la Comisión Bilateral con el propósito de empezar a idear la fórmula para sacar a Cataluña del régimen común de financiación y dotar a la región de la «plena soberanía fiscal» a través de un modelo asimilable al concierto económico vasco. Así pretenden los socialistas dar cumplimiento al acuerdo suscrito con ERC a cambio de su apoyo a la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.
El PSC nunca deseó llegar a este punto, pero acabó claudicando ante la formación independentista para hacerse con el Govern. Así lo demuestra la primera oferta realizada por los socialistas catalanes a ERC con el fin de recabar su respaldo al nombramiento de Illa. El documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, fue entregado a los republicanos el pasado 1 de julio y en él los negociadores del PSC ofertan a los de ERC «la reforma del sistema de financiación autonómica» para promover «la mejora de la financiación de Cataluña desde un federalismo avanzado».
El acuerdo final entre la dos formaciones, hecho público el 7 de agosto, acabaría reflejando el compromiso de «impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos».
«Para investir a Illa tenía que ser a cambio de algo muy gordo porque no había confianza en los socialistas. Hubo que superar la lógica de los Gobiernos independentistas, después que cambiaran las mayorías. Enseguida pusimos encima de la mesa la financiación singular que ya había planteado Pere Aragonès como president. O el acuerdo era muy bueno o nuestra militancia no lo avalaría», admite a este diario uno de los dirigentes de ERC implicados en la negociación con el PSC.
«De inmediato nos compraron la reforma de la financiación. Pero les dijimos que no, que tenía que ser una financiación singular para que todo se recaudase y gestionase desde Cataluña. Les dijimos que nos daba igual lo que hicieran Extremadura, Aragón o Castilla y León; que nosotros queríamos acabar con el agravio del déficit fiscal catalán», abunda el negociador de los secesionistas.
Destaca la misma fuente cómo «lo primero que se consiguió fue el reconocimiento de la infrafinanciación crónica y el maltrato que ha recibido Cataluña en todos los modelos de financiación». ERC ganó el relato. En su primera propuesta el PSC sólo admitía que «el sistema actual es muy insatisfactorio (y no sólo para Cataluña)», y defendía que «las consecuencias no han sido dramáticas por las medidas discrecionales adoptadas por el Gobierno español». El acuerdo final señala, sin embargo, que «los diversos modelos de financiación autonómica han comportado graves deficiencias para Cataluña, que se traducen en una insuficiencia financiera crónica». «Las deficiencias [...] se perpetúan gracias a un modelo de financiación de régimen común caducado, poco transparente e insuficiente [...] No se trata de reformar el modelo de financiación común, sino de cambiarlo sobre un nuevo paradigma basado en la singularidad y la bilateralidad», abunda el pacto definitivo PSC-ERC.
Antes de rendirse a las enteras exigencias de los republicanos, los socialistas catalanes trataron de aderezar su propuesta de reforma de la financiación con elementos que, mayoritariamente, podían encajar en el Estatut, como «una Hacienda Catalana consorciada [con el Estado] para que la Generalitat asuma una mayor autonomía en la gestión, la recaudación e inspección de todos los tributos que se generen en Cataluña, la financiación revisada de las competencias específicas, un consorcio de inversiones y la condonación parcial de la deuda».
También ofreció el PSC promover la persecución «de las CCAA que han ido demasiado lejos en la competencia fiscal a la baja» estableciendo unos «límites mínimos y máximos para los impuestos cedidos». Una medida dirigida a maniatar a la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, y que quedó fuera del acuerdo para ser abordada en otro momento, pues ERC la comparte.
"Plena autonomía"
El portazo de los separatistas a la Hacienda consorciada fue sonoro. «Conseguimos pasar de la mayor autonomía a la plena autonomía», relata el negociador de ERC a este diario, al tiempo que señala un ardid de los socialistas, pues proponían que el consorcio participado entre el Estado y la Generalitat gestionase «todos los tributos propios de Cataluña». «Hubiera sido un paso atrás en la autonomía por la gestión fiscal», subraya, y señala que así el Estado hubiera pasado a controlar impuestos ya recaudados actualmente por la Generalitat.
«La financiación revisada de competencias específicas» implica mayores transferencias para competencias ya asumidas por la Administración catalana, en el ámbito de «lengua, cultura, Mossos d'Esquadra y prisiones», que actualmente absorben 2.783 millones anuales, y por eso fue aceptada por ERC como un complemento apetecible.
El «consorcio de inversiones» para agilizar la ejecución de inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado y la «condonación parcial de la deuda» no eran novedosos. El consorcio era una propuesta que ERC planteó a cambio de la investidura de Pedro Sánchez y que el PSOE no aceptó en su día, y la quita de un 20% de la deuda financiada con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) ya había sido pactada a cambio de mantener al socialista en La Moncloa. El consorcio también fue incorporado, mientras que la condonación será previsiblemente satisfecha este viernes, en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, tal y como exigió la pasada semana el presidente de ERC, Oriol Junqueras.
«Para investir a Illa nos pedís una cosa que depende de Madrid, nos decían. Hasta que decidieron implicar al Gobierno. El PSC hablaba con el Ministerio y la Secretaría de Hacienda, liderada por Jesús Gascón. Hacían de intermediarios. Por nuestra parte, la carpeta de la financiación la coordinaba Josep Maria Jové [uno de los cerebros del procés], la del conflicto político Marta Rovira [entonces secretaria general del partido], la de la lengua catalana la ex portavoz Marta Vilalta y la de políticas sociales el ex consejero Juli Fernàndez con la colaboración de Oriol López [hoy número tres de ERC]», cuenta el negociador de los republicanos, quien puntualiza: «Vestimos el acuerdo con estas otras tres carpetas, pero, si caía la de la financiación, caían todas y no había investidura».
«Finalmente los arrastramos de la reforma de la financiación a la financiación singular. Y ahora el reto es el cumplimiento», reconoce el mandatario de ERC. Consciente de las reformas legales que deben impulsarse en el Congreso para que esta suerte de concierto catalán acabe viendo la luz: la de la LOFCA, la de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas y la de Ley de Cesión de Tributos a Cataluña. La misma voz sugiere al PSOE: «Si tienen que convencer a todos los barones del PP con una mejora de la financiación para sus comunidades, que lo hagan».